La Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio Colectivo recibe numerosas denuncias por impagos de la empresa sevillana. Los taurinos están dispuestos a ejercer presión sobre la concesión de la plaza de Granada para acelerar los cobros. González de Caldas reconoce un «enorme agujero», pero afirma que tiene intención de pagar.
Redacción.-
La Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio Colectivo, en una reunión mantenida en el día de hoy, ha analizado la difícil situación que atraviesa la empresa sevillana Taurotoro, representada por el empresario José María González de Caldas, tras retirarse de las explotaciones de las plazas de toros andaluzas de Córdoba y Granada. Los sectores taurinos temen que no se atienda las deudas que tiene contraída la empresa taurina sevillana con ganaderos, toreros,… Por ello, ha acordado remitir a la empresa propietaria de la plaza de toros de Granada un burofax advirtiéndole de las consecuencias que pudieran depararse para el normal desarrollo de la temporada taurina en la capital granadina, habiéndose sugerido la conveniencia de posponer los acuerdos de adjudicación de la plaza hasta que el asunto de los pagos pendientes de la empresa Taurotoro con diversos profesionales se clarifique.
Taurotoro irrumpió en el mercado taurino a través de la gestión de las plazas de Córdoba y Granada, desbancando a profesionales de toda la vida de la gestión de estas plazas al ofertar un importante incremento del canon de arrendamiento, con una considerable subida del mismo. Al finalizar la pasada temporada, la empresa parece derrumbarse a marcha acelerada. Marcos Sánchez-Mejías, miembro destacado de la gestión de la empresa, se ha apresurado a desvincularse e iniciar en solitario la labor de apoderado de algunos toreros. Por otra parte, el responsable de Taurotoro, José María González de Caldas, en declaraciones a Mundotoro, reconoce «un auténtico drama, un agujero enorme», pero que tiene interés en renegociar los plazos de pagos y hacer frente a las deudas, aunque también justifica que a él le deben dinero las administraciones públicas, cifrando el dinero pendiente de recibir en 800.000 euros.
