El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sorprendido y perplejo ante la negativa de la Junta de Andalucía a aceptar su Resolución a favor de SEVILLA TAURINA, considera que «en el escrito de la Junta de Andalucía no se ofrecen argumentos jurídicos que justifiquen tal decisión». La Junta seguirá permitiendo que Canorea vete el acceso de SEVILLA TAURINA al burladero de gráficos, aunque esté vacío.
Francisco Mateos.-
El Defensor del Pueblo Andaluz ha remitido un escrito final a SEVILLA TAURINA en el que se traduce su desesperación y perplejidad ante la sorprendente negativa de la Junta de Andalucía a acatar la Resolución que emitió en favor de SEVILLA TAURINA sobre la denuncia presentada en esta Institución en el sentido de la polémica Instrucción 1/2011. Esta Instrucción de la Junta de Andalucía cede a los empresarios taurinos desde la pasada temporada la potestad para poder «acreditar en el callejón a los reporteros gráficos de aquellos medios que considere oportunos». O lo que es lo mismo, cede a los empresarios el derecho a vetar a los fotógrafos de aquellos medios que quiera, sin tener que justificar tal decisión, pudiendo usar la amenza del veto como medida de presión y coercitiva ante los medios, algo que le debe parecer tan normal al Gobierno de la Junta de Andalucía.
Tras diversos requerimientos del Defensor a la Junta de Andalucía sobre diversa información de la polémica Instrucción 1/2011, finalmente el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, emitió una amplia Resolución con contundentes argumentos jurídicos que daban la razón a SEVILLA TAURINA. Este portal ha sido el único medio que, aprovechando la empresa Pagés la Instrucción de la Junta, había sido vetado para permanecer en el burladero de gráficos, aumentando así las medidas coercitivas que desde hace tres años vienen sometiendo los empresarios Eduardo Canorea y Ramón Valencia a este portal, con el nulo objetivo de coartar su libertad e independencia informativa.
En su argumentación, el Defensor del Pueblo Andaluz se basaba en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el propio Reglamento Taurino Andaluz, que deja bien claro que el callejón es potestad y responsabilidad única y última de la Junta de Andalucía, y sus funciones por tanto no se pueden delegar, y menos aún a una empresa privada y sus intereses particulares. De hecho, queda comprobado que la empresa, nada más recibir tal potestad delegada respecto al burladero de gráficos, aprovechó la Instrucción para retirarle el pase de callejón a SEVILLA TAURINA. Es más, el propio Defensor se preguntaba en su Resolución por qué la Junta de Andalucía cedía a la empresa sólo la selección de fotógrafos, pero se guardaba la selección de los componentes de otros burladeros, como el de la propia Junta de Andalucía, que como ha venido denunciando este portal, ha sido usado reiteradamente por el Gobierno andaluz para colar gratis a los toros a familiares y amiguetes de políticos de la Junta de Andalucía, que así se ahorraban tener que pasar por taquilla. Esta denuncia de SEVILLA TAURINA llegó a Comisión Parlamentario y el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, tuvo que intentar responder a preguntas del Partido Popular.
En el informe final remitido por el Defensor del Pueblo Andaluz a SEVILLA TAURINA, éste llega afirmar que «del análisis del escrito recibido de la Junta de Andalucía se desprende que no se aceptan las resoluciones formuladas por este Comisionado a favor de SEVILLA TAURINA, sin que se ofrezcan argumentos jurídicos que justifiquen tal decisión».
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