La Consejería de Gobernación y Justicia, después de demorar más de tres meses su obligada respuesta al Defensor del Pueblo Andaluz, rechaza su Resolución que le instaba a retirar la polémica Instrucción que concede a los empresarios taurinos en Andalucía poder vetar «a los fotógrafos de los medios que estimen oportunos».
Francisco Mateos.-
La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Gobernación y Justicia, que regula en toda la comunidad andaluza los festejos taurinos, ha rechazado la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz y mantendrá en vigor la polémica Instrucción 1/2011. Esta Instrucción del Gobierno andaluz que dirige el presidente José Antonio Griñán permite a los empresarios taurinos desde el año pasado que puedan vetar el acceso al callejón a los fotógrafos de los medios «que estimen oportunos», lo que sólo por su lectura parece redactado en otra época española felizmente superada, e impropio de un Gobierno de izquierdas de talante progresista. De hecho, supone un paso atrás sobre lo bueno realizado por anteriores representantes socialistas en materia taurina, por cuanto hasta hace dos temporadas siempre ha sido la propia Junta de Andalucía la que concedía las acreditaciones de prensa gráfica, vigilando así que no hubiera tratos de favor o vetos interesados a ningún medio por parte de la empresa.
Finalmente, la Junta de Andalucía sucumbió a los deseos de la empresa Pagés y redactó en marzo del año pasado la polémica Instrucción, que literalmente explica que «las acreditaciones de reporteros gráficos para el callejón serán concedidas por la empresa a aquellos medios que considere oportunos». Ello, además de una delegación de una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, supone legalizar el derecho a veto de los empresarios a los fotógrafos que quiera. De hecho, nada más recibir ese poder de la Junta de Andalucía, la empresa Pagés aprovechó para introducir un único cambio respecto a las acreditaciones que había concedido durante las temporadas anteriores la Junta de Andalucía: retirarle la credencial de gráfico a SEVILLA TAURINA, a la que ya sometía a un veto de acceso a la plaza como prensa.
SEVILLA TAURINA, que ya había denunciado un año antes a la delegada de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar, ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, por ceder esta potestad ‘vetadora’ a la empresa sin ningún soporte administrativo ni jurídico que sostuviera el ‘repentino’ cambio de opinión, decidió denunciar también al consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía ante el Defensor del Pueblo Andaluz. El Defensor estudió el caso y admitió esta tecera denuncia que presentaba este portal en los últimos dos años contra la Junta de Andalucía. Tras un estudio exhaustivo y diversos requerimientos de información realizados al consejero de Gobernación, el Defensor del Pueblo Andaluz, en una amplia, detallada y contundente Resolución jurídica de cinco páginas argumentaba que la Instrucción de la Junta de Andalucía no cumplía con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ni en el Reglamento Taurino de Andalucía, por lo que daba la razón a SEVILLA TAURINA sobre lo denunciado e instaba a la Junta de Andalucía a modificar la polémica Instrucción.
La Junta de Andalucía -que está obligada a responder a las Resoluciones del Defensor- no elevó respuesta sobre si estaba dispuesta a aceptar dicha Resolución. Pasados un par de meses, el Defensor comunicó a este portal que de nuevo procedía a remitir la Resolución a la Junta de Andalucía, recordándole su obligación a contestar sobre si acataba o no la Resolución. Finalmente, la Junta de Andalucía ha contestado en apenas folio y medio, con un texto muy pobre de argumentos y sin entrar a rebatir todos los sólidos aspectos jurídicos de la Resolución del Defensor, centrándose en una aférrima defensa casi obsesiva del empresario, indicando al Defensor Andaluz que no asume su Resolución y que mantendrá la polémica Instrucción; o lo que es lo mismo, que los empresarios taurinos, con el visto bueno y hasta legal de la Junta de Andalucía, podrán seguir vetando en Andalucía «a los fotógrafos de los medios que considere oportunos».
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