«…El problema en una democracia para que ocurran flagrantes tropelías como la cometida por el injusto consejero de Justicia de Andalucía no es un mal funcionamiento de las Instituciones, sino un mal funcionamiento de los políticos que dirigen dichas instituciones. Afortunadamente, la diligente actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, nos devuelve la confianza en las instituciones…»
Francisco Mateos.-
Le ha dado todo un repaso el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al socialista Francisco Menacho, supuestamente consejero de ‘Justicia’ y Gobernación de la Junta de Andalucía. Y recalco lo de supuestamente porque parece no tener aún claro la diferencia entre lo que es justo de lo que es injusto. Según el tal Menacho, debe ser justo que unos empresarios como Eduardo Canorea y Ramón Valencia quieran manejar a su antojo y conveniencia el burladero de prensa gráfica (que es responsabilidad exclusiva de la Junta de Andalucía) para así castigar a aquellos periodistas que se porten ‘mal’. Tan justo lo ha visto el ‘injusto’ consejero de Justicia andaluz que no ha dudado en amparar una Instrucción que, en contra del Reglamento Taurino Andaluz (que otorga competencia exclusiva sobre todo el callejón a la Junta), saltándose el Artículo 20 de la Constitución («Se reconocen y protegen los derechos a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión») y vulnerando el Artículo 207 del Estatuto de Autonomía de Andalucía («Los poderes públicos de Andalucía velarán por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente, veraz y plural»), dejaba en manos de los empresarios de la Maestranza todo el poder para decidir los fotógrafos acreditados «que estimen oportunos». Es decir, una responsabilidad que es exclusivamente de la Junta la delega porque le parecerá al buen señor justo en una empresa privada y sin exigirle criterios alguno. En otras palabras, estaba concediéndole a los empresarios de la Maestranza de forma oficial el poder para vetar a quien quisiera, y así lo hicieron de inmediato con este portal, que era el fin persegido.
Han sido dos años de paciencia, de soportar el aplastamiento de un derecho tan fundamental como es el de la información, de luchar en solitario con muy escasos apoyos –gracias al compañero Álvaro Acevedo por su solidaridad incondicional-, de unos maestrantes que miran para otro sitio ante tan flagrante violación de un derecho ante sus narices por su propio arrendatario, de una Junta de Andalucía que se abraza y se entrega a los deseos de los empresarios,… Sabíamos que era una lucha de esas de David contra Goliat, de un modesto portal que no estaba dispuesto a vivir de rodillas ante el poder inconmensurable de la colaboración Junta de Andalucía y los empresarios de la Maestranza. Era una lucha tremendamente desigual. Hubo en estos dos años momentos de flaqueza, pero estábamos convencidos de que la razón estaba de nuestra parte, que en una democracia debería existir mecanismos necesarios para evitar la indefensión que sufríamos.
Afortunadamente, la diligente actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, nos devuelve la confianza en las instituciones, y que «todo no vale». El problema en una democracia para que ocurran flagrantes tropelías como la cometida por el injusto consejero de Justicia de Andalucía no es un mal funcionamiento de las Instituciones, sino un mal funcionamiento de los políticos que dirigen dichas instituciones. Para un consejero de Justicia, la contundente Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz debería contraer alguna responsabilidad. Supongo que un político que ha sido capaz de doblegarse y entregarse a unos empresarios taurinos hasta el punto de amparar una Instrucción que viola la Constitución y el Estatuto Andaluz, no va a ser capaz de reconocer su error y pedir disculpas a SEVILLA TAURINA. Seguro que no. Pero nosotros vamos a seguir durmiendo esta noche con la conciencia bien tranquila y sin que nos hayan puesto la cara ‘colorá’. Quizás no pueda decir lo mismo el injusto consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho.
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