¿Privilegios políticos? (II)

     Al igual que indicábamos -con aportación de prueba gráfica- el pasa jueves, 15 de abril, esta tarde de nuevo se ha podido observar cómo desde el burladero destinado a la Junta de Andalucía en el callejón de la Maestranza, se realizaban abundantes fotografías a los matadores actuantes en el desarrollo de las faenas. El pasado jueves ocurrió lo mismo con otra persona, que posteriormente se ha podido identificar por varias fuentes como el presidente del Colegio de Veterinarios de Andalucía, Fidel Estudillo. Curiosamente, el burladero destinado a los veterinarios está contiguo al de la Junta de Andalucía, donde ocupaba espacio dicho representante de los veterinarios, aunque parece que con un pase de burladero de la Junta andaluza. No era comprensible que estuviera realizando un completo reportaje gráfico del desarrollo de la lidia cuando hay fotógrafos taurinos que -precisamente por decisión de quien estaba a su lado, el Jefe de Servicio de Espectáculos en Sevilla, José Antonio Delgado– se han quedado fuera del callejón para realizar su trabajo profesional.

     Parecería lógico que, si faltan puestos para fotógrafos, se cedieran estos puestos de ‘invitados’ de la Junta ‘aficionados a la fotografía taurina’ del burladero del callejón a los fotógrafos profesionales que se han quedado fuera por decisión o delegación de la habitual función de la Delegación de la Junta, y que se llegara a un acuerdo en el que estos fotógrafos profesionales le cedieran las fotografías que pudiera necesitar la Junta (que por otra parte podría explicar de una forma clara para qué necesitan esas fotografías, si es que la necesitan).

     Es curioso que quien aparece al lado del fotógrafo de hoy es el mismo que aparecía junto al veterinario ‘aficionado a la fotografía’ del pasado jueves: el Jefe de Servicio de Espectáculos de la Junta en Sevilla, José Antonio Delgado, el mismo que ha decidido el cambio de criterio en la adjudicación de pases de callejón a los fotógrafos taurinos este año y que ha dejado fuera del mismo a varios profesionales habituales de años anteriores. Este asunto está siendo investigado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya que se podría haber lesionado -con conocimiento previo de los hechos que podrían suceder como consecuencia- derechos fundamentales como el de la libertad a la información, derecho que el Estatuto de Autonomía de Andalucía (Artículo 207) encarga especialmente por su cumplimiento y respeto a la Administración andaluza.